Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 20 de julio del 2024.- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) presentó el Informe de Avance de la Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Chihuahua.
Este documento ofrece un análisis sobre el progreso de la implementación de la Ley General en el estado de Chihuahua, destacando los logros alcanzados, los desafíos pendientes y las perspectivas futuras en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
La Ley General surgió como una exigencia de las miles de familiares de personas desaparecidas, para que el Estado mexicano contara con las instancias y mecanismos necesarios para hacer frente a la actual crisis de desapariciones en el país que actualmente alcanza a más de 100 mil personas en esta condición.
A más de seis años de la entrada en vigor de esta Ley, observamos que, aunque hay avances legislativos significativos, persisten importantes desafíos que dificultan el acceso pleno a la verdad, justicia y reparación integral para las y los familiares de las víctimas.
Entre los principales retos, resaltamos los siguientes:
Insuficiencia Presupuestaria: Las instancias creadas por la Ley carecen del presupuesto necesario para contar con la capacidad de operación que requiere la incidencia de desapariciones. Tanto las fiscalías especializadas como las comisiones de búsqueda deben fortalecerse progresivamente para que cuenten con mayores recursos humanos, técnicos y materiales
Falta de coordinación de la federación con las entidades federativas para las búsquedas únicas. El Banco Nacional de Datos debería de estar en operaciones desde enero de 2019; sin embargo, al día de hoy no es posible que las entidades federativas accedan para la realización de cruces genéticos, los cuales permitan la búsqueda en todas las entidades federativas.
Declaración Especial de Ausencia: Las y los jueces siguen dilatando excesiva e innecesariamente los casos que se les presentan, lo cual obstaculiza la protección y reconocimiento de los derechos de las familias afectadas.
Este informe busca no solo visibilizar los avances y los retos, sino también promover un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para fortalecer el compromiso con la plena implementación de la Ley y garantizar así la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
