Pedro Castillo ha decidido disolver el Congreso peruano cuando sólo faltaban tres horas para que comenzara en el Parlamento el debate sobre su posible destitución, en una maniobra que evoca al autogolpe de Estado ejecutado por el dictador Alberto Fujimori en 1992. Minutos antes se había hecho pública la dimisión del comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, tras las presiones sufridas por el nuevo ministro de Defensa. El comandante ha aducido «movidos personales».
El primer mandatario ha aprovechado un mensaje a la nación para anunciar su decisión, que incluye un gobierno de excepción y la suspensión de derechos. «En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia», subrayó el presidente.
Las primeras medidas son «disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional«, además de convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. El mandatario ha anunciado que gobernará a través de decretos.
La imposición de una nueva Constitución fue una de las promesas de la campaña del partido marxista Perú Libre (PL), que acogió como su abanderado al polémico maestro de Cajamarca. Al frente de PL permanece Vladimir Cerrón, principal aliado de las dictaduras revolucionarias en Perú.
El autogolpe de Castillo se produce también en medio de un rosario de escándalos de corrupción, que le señalan a él mismo, a su familia y a sus colaboradores, en definitiva a su círculo más íntimo. Sabedor de sus escasos apoyos, el maestro de Cajamarca llamó a asociaciones, rondas campesinas y sectores sociales a respaldar su decisión.
La decisión de Castillo provocó una oleada de rechazo como pocas veces en el país andino. El primero en salir del gabinete fue el canciller, César Landa, quien comunicó en sus redes sociales que «en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución».
Tras Landa fue el ministro de Justicia, Félix Chero, hasta hoy mismo recalcitrante defensor de Castillo, quien decidió dimitir de forma irrevocable ante «el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional». Chero había anunciado previamente que su jefe en el Gobierno estaba dispuesto a no cumplir en el caso de destitución.
