Estalló en Baja California la crisis de desaparecidos, aún con la presencia de la Guardia Nacional.
Estalló en Baja California la crisis de desaparecidos, aún con la presencia de la Guardia Nacional.

Ricardo Iván Carpio Sánchez era el funcionario consentido. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda siempre lo tenía cerca durante las conferencias mañanera.Era tal la confianza y cercanía entre ambos que cada vez que su agenda se los permitía, se reunían en petit comité en el fraccionamiento San Pedro 2 de la ciudad de Mexicali. El discreto anfitrión y empresario dueño de la vivienda departía con ellos. Y aunque a unos cuantos pasos se ubica la casa de Ulises Méndez Manuell-Gómez éste no se aparecía.

Discreto, el dos veces director de la policía municipal de Mexicali en gobiernos del PAN y secretario de seguridad pública del último gobierno de Acción Nacional en Sonora, Ulises Méndez sólo se deja ver cuando la gobernadora lo requiere como su asesor en seguridad. Es más, ni oficina tiene en el gobierno del estado.

Ávila Olmedo es una mujer emocional, y así como un día le surgió el apego por Iván Carpio al grado de ordenar la modificación de la Constitución para que pudiera acceder a la Fiscalía General del Estado, repentinamente éste cambió. Y el jueves pasado le pidió su renuncia.

Aunque igual que el resto de los bajacalifornianos, a Iván Carpio lo sorprendido la renuncia, pero lo tomó con calma; llamó al área de comunicación social, solicitó un boletín de prensa, le hizo un par de cambios y en cinco minutos su dimisión ya circulaba por todos los what’s ups de los reporteros. El Congreso sesionó en fast track para aceptar la salida y esta semana se espera que llegue la terna de parte de la gobernadora.

La lista la encabeza su amiga y ex directora de la policía municipal de Mexicali cuando Marina del Pilar fue presidenta local, la actual comisionada del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez y a quien en mayo pasado se le murieron entre 13 y 15 personas privadas de la libertad por sobredosis de fentanilo, en diversas cárceles, una droga que nadie sabe cómo ingresó.

El segundo nombre es justo el de Ulises Méndez, quien fuera director de la policía local de 2007 al 2010 y del 2016 al 2019, cuando Rodolfo Valdez Gutiérrez y Gustavo Sánchez, fueron presidentes municipales panistas respectivamente. El tercero es Daniel de la Rosa Anaya, ex encargado de la seguridad pública en el estado durante los gobiernos de los blanquiazules, Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid.

A su paso por esta dependencia, surgieron señalamientos de desapariciones forzada por parte de sus policías.

Alejarnos de la zona

En enero de 2022, cuando Iván Carpio asumió la Fiscalía General del Estado, ya contaba con trabajo en la dependencia; su cargo anterior fue justo el de Fiscal Antisecuestros.

Con su arribo enfrentó los dos primeros temas con impacto mediático y exigencia de resultados: los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero y Lourdes Maldonado López el 23 mismo mes, y aunque la fiscalía dio relativamente rápido con los autores materiales, el fiscal dejó a deber el móvil y autor intelectual del segundo caso. De Margarito, a la semana ya se sabía quiénes habían perpetrado la ejecución y sólo faltaba atraparlos.

A los seis meses le estalló el primer escándalo, que consideran análisis de la política bajacaliforniana, sería lo que motivó su remoción y el desamor de la gobernadora: la detención de quien fuera auxiliar del Jefe de Gabinete de la Fiscalía General del Estado, Octavio Andrée Espino Torres.

El 14 de junio, el ministerial intentó pasar por la garita de Tijuana a San Isidro, Estados Unidos, 45 paquetes 30 contenían 30 kilos de metanfetamina. De inmediato el área de comunicación social emitió un comunicado y aseguró que “un exempleado” y “exagente del ministerio público”.

Precisó que: “Octavio “N”, era personal actuante de esta fiscalía y estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, área en la que desempeñaba sus funciones… Previo a que fuera dado de baja, por un número excesivo de faltas, Octavio “N” se encontraba realizando funciones administrativas dentro de la fiscalía con relación a proyectos de su área de adscripción, además de apoyar como auxiliar al jefe de oficina del titular de la FGE en algunas tareas adicionales.”

Al año siguiente otro escándalo, en junio, se detuvo en San Diego a la agente del Ministerio Público, Ana Sofía López Osuna, bajo el cargo de “conspiración” al ser cómplice en la introducción de cocaína.  Al momento de su detención formaba parte del equipo de la Fiscalía Regional de Tijuana. En ambos casos se allanaron a la modalidad de testigos protegidos.