Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 25 de octubre del 2023.- La diputada local por el Distrito 10 por Morena, María Antonieta Pérez Reyes exhortó a la que el Gobierno del Estado através de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de la Fiscalía Especializada y la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado así como en contra de la Dirección de los CERESOS Estatales a indemnizar a las nueve familias de los custodios asesinados durante el motin del 1 de enero en Ciudad Juárez.
Pérez Reyes destacó que asumió la defensa de las familias de los custodios quienes han reclamado al Gobierno del Estado asuma su responsabilidad a través de una demanda de “Reclamación por Responsabilidad Patrimonial en contra de la SSPE por ser los presuntos responsables de los asesinatos de los custodios quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber”.
Lo anterior en base a la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 132/2023 emitida desde el pasado 31 de julio donde el organismo derecho-humanista refirió que tanto los acontecimientos ocurridos el “Jueves Negro” en Ciudad Juárez y los del motin del 1 de enero en el Cereso No.1 fueron derivados a la “ingobernabilidad que prevalecía en ese Centro de Rehadaptación Social como producto de la corrupción que finalmente derivó en el crimen de 10 custodios quienes carecían de medidas de seguridad minimas como lo marcan las leyes y reglamentos competentes”.
Por ese motivo, la diputada morenista refirió que dicha tragedia pudo haber sido evitada, por lo que asumirá la defensa legal para que los deudos puedan ser acreedores de una indemnización millonaria acorde al daño emocional, familiar, al proyecto de vida de todos y cada uno de sus miembros de esas familias.
Pérez Reyes dijo ante la Tribuna del Congreso del Estado, donde hizo el exhorto que a nueve meses de ocurridos los hechos “el nivel de desinterés de la Fiscalía General del Estado desde septiembre del 2021 fue patente ya que una vez hubo cambio de gobierno estatal, en dieciséis meses no hubo un diagnóstico sobre el estado que guardaba el CERESO 3 de Ciudad Juárez.
Donde no solamente fueron detectados actos de corrupción con el ingreso de objetos prohibidos, sino insuficiencia de personal de seguridad, lo que generó condiciones de autogobierno y cogobierno, así como presnecia de actividades ilicitas en el Cereso No.3
Aunadas a estas condiciones se logró establecer por parte de la CNDH una sobrepoblación del 40% lo que se tradujo en una inadecuada clasificación penitenciaria de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
También se comprobó la falta de capacitación del personal de seguridad y custodia, así como la implementación de protocolos de emergencia al interior del Centro Penitenciario, todo estos ingredientes fueron el detonante de una serie de violaciones a los derechos humanos y a la seguridad jurídica no solamente de los custodios, sino también de los internos.
Es en base a todo lo anterior que, la CNDH recomendó en primera instancia al Gobierno del Estado de Chihuahua, proceda a la inmediata reparación integral del daño que incluye una compensación en términos d la Ley General de Victimas.
Más allá de los derechos de indemnización a que tienen acceso los deudos, deseo con ésta Demanda o Reclamación sentar precedente en donde el Gobierno Estatal sin importar de que partido emanen, sepan que sus empleados o funcionarios no son simples códigos en sus bases de datos, debe entender el Gobierno de Chihuahua que son seres humanos cuya integridad está bajo su responsabilidad y deberá procurarles todas las medidas de seguridad necesarias, de lo contrario deberá indemnizar con cantidades millonarias a los deudos, indicó Pérez Reyes.
