Quito (EFE).- Los dos individuos detenidos bajo sospecha de estar vinculados al asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez serán ingresados en prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa su exhaustiva investigación sobre el crimen de este magistrado, quien se encontraba indagando la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado la semana pasada.
En una diligencia de flagrancia y calificación de cargos, un juez penal ordenó la prisión provisional de Cristhian P.M. y Ángel A.B., arrestados por la Policía en la noche del miércoles. Las autoridades siguen la búsqueda activa de al menos otras dos personas que presumiblemente participaron en el asesinato.
El magistrado acogió la solicitud de encarcelamiento preventivo presentada por la Fiscalía, presentando en la audiencia elementos de convicción contra los dos detenidos.
César Suárez, quien previamente se destacó por investigar casos de corrupción en hospitales durante la pandemia antes de asumir el caso de la toma del canal de televisión, fue asesinado a tiros por sicarios la tarde del miércoles mientras se desplazaba en su vehículo por un sector del norte de Guayaquil, cerca de su residencia.
Días antes, Suárez había interrogado a los trece detenidos, incluidos dos menores de edad, que tomaron por asalto los estudios del canal TC Televisión el 9 de enero, manteniendo a sus trabajadores como rehenes durante varias horas en una emisión en vivo. La Policía atribuyó este acto a la banda criminal «Los Tiguerones».
Las primeras pesquisas indican que cuatro hombres, uno de ellos con un chaleco de un oficial de tránsito, abordaron el automóvil desde el cual dispararon a Suárez en al menos 18 ocasiones.
La Policía maneja la hipótesis de que estos criminales pertenecen a la banda llamada ‘Chone Killer’, una de las 22 catalogadas recientemente como grupos terroristas en la «guerra interna» declarada contra el crimen organizado por el presidente Daniel Noboa.
La banda ‘Chone Killer’ tiene mayor presencia en el cantón (municipio) de Durán, parte del área metropolitana de Guayaquil.
Tras el asesinato, los sicarios huyeron hacia otra zona del norte de Guayaquil, donde incendiaron uno de los vehículos. Dos de los pasajeros escaparon en un taxi y en una moto, mientras que otro se refugió en un motel para evitar su captura. Durante los allanamientos, se encontraron un fusil, dos pistolas y el chaleco utilizado por el conductor.
Este trágico suceso, el asesinato de Suárez, rompió la sensación de tensa calma que los ecuatorianos intentaban recuperar después de la ola de violencia, atentados, secuestros y motines carcelarios de la semana pasada, atribuidos a las bandas del crimen organizado.
El trágico asesinato de César Suárez ha sumido a Ecuador en una profunda consternación, marcando un episodio oscuro que irrumpe en el intento de la sociedad de recuperar la normalidad tras los recientes eventos violentos. Suárez, quien previamente se destacó por su valiente labor investigativa en casos de corrupción hospitalaria durante la pandemia, ahora es víctima de la violencia despiadada que ha cobrado impulso en el país.
El rápido accionar del sistema judicial, que ordenó la prisión preventiva de dos presuntos implicados, Cristhian P.M. y Ángel A.B., demuestra una determinación en la persecución de la justicia. La Fiscalía, en una audiencia ágil de flagrancia, presentó pruebas que respaldaron la solicitud de encarcelamiento preventivo, señalando así su compromiso con la esclarecimiento del crimen.
El atentado a Suárez, ocurrido cuando se trasladaba por un sector del norte de Guayaquil, no solo representa un ataque directo a un representante de la justicia, sino que también evidencia la compleja trama de violencia y delincuencia que permea la sociedad ecuatoriana.
La conexión entre el asesinato y la investigación liderada por Suárez sobre la toma del canal de televisión por un grupo armado añade un componente de inquietud, sugiriendo que los eventos recientes podrían estar interrelacionados en un tejido más amplio de violencia organizada. Este vínculo plantea interrogantes sobre el alcance y la profundidad de las redes criminales que operan en Ecuador.
La Policía, al manejar la hipótesis de que los perpetradores pertenecen a la banda ‘Chone Killer’, una de las recientemente designadas como grupo terrorista, destaca la creciente gravedad de la situación. El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha declarado una «guerra interna» contra el crimen organizado, reconociendo la necesidad de medidas contundentes para contrarrestar esta amenaza.
Las acciones de los sicarios, que tras el crimen emprendieron una huida hacia el norte de Guayaquil, incendiaron vehículos y se dispersaron en diferentes direcciones, ilustran la audacia y la complejidad con la que estas bandas criminales operan. La incursión en un motel para evadir la captura es un recordatorio de la tenacidad y el peligro que representan estos individuos.
La pérdida de un fiscal que destacaba por su integridad y valentía en la lucha contra la corrupción y el crimen es un golpe para la sociedad ecuatoriana. Más allá de las investigaciones en curso, este lamentable suceso subraya la necesidad de un enfoque integral y sostenido para abordar la violencia y la delincuencia organizada en Ecuador, protegiendo así la integridad de aquellos que se dedican a la administración de justicia y garantizando la seguridad de la ciudadanía en general.
