Por: La Redacción.
Monterrey, NL., a 18 de septiembre del 2024.- Con la presunción de atraer inversiones de gran calado y clase global, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llegó al extremo de convertir la supuesta inversión de Tesla en el estado en propaganda electoral y símbolo de su imagen pública… pero hoy una indagatoria tiene como principal línea de investigación la compra de un terreno para dicha empresa por cuyo pago hubo triangulación de fondos al despacho en el que él y su padre son socios.
El modus operandi es similar al expuesto en la más reciente edición de la revista Proceso y consiste en una serie de transferencias entre distintas razones sociales que terminan en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Los recursos proceden de empresas dirigidas por magnates regiomontanos, presuntas firmas proveedoras del gobierno que en efecto lo son o bien han sido identificadas como factureras empleadas para la ordeña de recursos públicos.
La trama con el predio para Tesla tiene en el centro a North American Heavy Equipment (NAHE), una empresa cuyos socios son las firmas Meridian Equity Holdings, LLC y Zenith Capital Partners LTD, la primera constituida en Delaware, Estados Unidos, y la segunda, en Islas Caimán, es decir, empresas creadas en paraísos fiscales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) ha logrado establecer, con base en registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la mencionada NAHE pagó al despacho familiar de García Sepúlveda al menos 128 millones 398 mil pesos.
Aún peor: la cantidad mencionada tiene relación con un tinglado de firmas y aportaciones precedentes que se habrían realizado por contratistas gubernamentales y, de manera destacada, por firmas involucradas en la compraventa del terreno para la instalación de la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León.
Dicha planta es una incógnita. Hasta ahora el arranque de obras está pendiente; los informes financieros de Tesla no contienen el anuncio de inversión y el gobierno de México asegura que no hay trámites. Además el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la suspensión tiene un tufo electoral y especulativo.
Con el periodo electoral en Estados Unidos, donde Elon Musk (dueño de Tesla) es abiertamente financiero, simpatizante y hasta eventual responsable de una megarreforma con Donald Trump, la inversión en México entró en suspenso. Como se sabe, el candidato republicano se opone a la inversión estadunidense en México.
Mientras tanto, la adquisición del predio ya tiene ganadores por la especulación sobre acciones de Tesla en 2023, e inclusive, a escala regional, de carácter inmobiliario. Y todo, en el escenario de un modelo peculiar de publicidad política.
Samuel García no sólo ha presumido hasta el cansancio el anuncio de inversión y las fechas de inicio hasta ahora incumplidas, sino que ha hecho del asunto un símbolo de su manera de gobernar bajo la idea de una “nueva política”.
Un ejemplo reciente fue la campaña presidencial, cuando Samuel García, al no ser el candidato de Movimiento Ciudadano, se convirtió en promotor de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, con quien solía aparecer en la Cybertruck de color naranja, bautizada por él como Cyberfosfo, color distintivo del partido en el que ha hecho su carrera y de la expresión “fosfo-fosfo”, surgida de un video viral con la esposa del mandatario que se convertiría en leitmotiv de su campaña a la gubernatura.
Terreno y triangulación
En el cruce de la autopista Monterrey-Saltillo con el Anillo Periférico de Monterrey, con dirección a Saltillo, hay un terreno de 378 hectáreas que abarca dos ramales de arroyo y parte de la zona montañosa. El lugar es semidesértico y puede decirse que se ubica en el límite de la urbanización del área metropolitana regiomontana, que tiene por vecinas algunas aisladas naves industriales.
El seguimiento a una operación de compraventa de ese predio permite saber, con una factura de por medio, que la empresa Tesla Manufacturing México (una razón social que tiene por accionistas a Eugenio Grandio de la Torre y Daniel Alejandro Calvo Salinas), pagó poco más de 81 millones de pesos en dos exhibiciones.
Uno de esos dos pagos se hizo a la familia Garza Dávila, compuesta por seis hermanos de nombre: Elvia Esther, Cecilia Lamar, Laura Leticia, Lázaro Gerardo, Patricia Victoria y Adrián Eduardo. El monto fue de 49 millones 352 mil pesos, cubierto el 2 de febrero de 2023, y a cada hermano le correspondió un pago de ocho millones 225 mil dólares.
El otro pago fue por 31 millones 262 mil pesos, realizado el 31 de marzo de 2023 a una razón social identificada como BI del Norte.
Luego de esas operaciones, la familia Garza Dávila pagó dos millones 385 mil pesos a otra firma, identificada como Comercio y Servicios Industriales Acerta, a la que también Bi del Norte le pagó un millón 813 mil pesos. En total, tras venderle el predio a Tesla Manufacturing México, los Garza y Bi del Norte le pagaron a Acerta 4.2 millones de pesos, que equivalen más o menos a 5% de la operación, un monto que seguiría otro rumbo de triangulaciones realizada durante 2023.
Los esquemas de triangulaciones entre empresas que, vía proveedores gubernamentales pasan a factureras y de ahí al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fueron documentadas por la FGJNL, resultando en un monto total de ingresos por 427 millones de pesos presuntamente surgidos del erario.
La publicación de dicha información en la edición impresa de la revista Proceso correspondiente a septiembre de este año motivó una sola reacción del mandatario neoleonés, quien afirmó que era falso, que su declaración patrimonial era pública y que la información causaba daño a su familia y a él.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal a las que tuvo acceso Proceso reflejan que poco más de 128 millones de pesos han sido triangulados al mencionado despacho en el que el gobernador de Nuevo León es socio junto con su padre, Samuel García Mascorro, un abogado fiscalista.
El seguimiento a la operación de compraventa del terreno para Tesla Manufacturing México destaca que la empresa Comercio y Servicios Industriales Acerta (la empresa que recibió fondos tanto de la familia Garza Dávila como de BI del Norte tras la venta del terreno) pagó 24 millones 208 mil pesos a Bemase, una firma que ha concentrado transferencias de distintas empresas, entre éstas, proveedoras del gobierno de Nuevo León.
Bemase, por ejemplo, recibió del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) un pago en 2022 por 31 millones de pesos.
El Simeprode es un organismo descentralizado del gobierno de Nuevo León, al que la revisión de la Cuenta Pública 2022, realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASENL), le observó la cantidad mencionada por un “Proyecto Integral Sustentable de Materiales Valorizables que incluye Las Rutas Verdes y Escuelas Verdes”.
La conclusión de la ASENL fue que Simeprode no ha hecho públicos la totalidad de los contratos, que efectuó el pago correspondiente y que éste concuerda con la descripción del proyecto.
Sin embargo, no pudo auditar más debido a que se emplearon recursos federales de manera parcial, por lo que la revisión corresponde a la Secretaría de la Función Pública federal.
Bemase, SA de CV, es una empresa cuyos socios son la mencionada North American Heavy Equipment (NAHE) y un empresario de nombre Sergio Dávila González, quien a su vez es delegado de NAHE.
Bemase ha sido la empresa en la que se han realizado depósitos de otras firmas como Permaducto, que en 2023 le pagó 34 millones 410 mil pesos, una subsidiaria del Grupo Protexa, la empresa de Humberto Lobo, relacionada siempre al contratismo gubernamental, destacadamente con el sector energético.
Sin historial digital, dos firmas fueron colocadas en secuencia de transferencia de fondos ya en este 2024: se trata de Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, que pagó a Inversiones Productivas del Norte 58 millones de pesos y, de esta última, 30 millones 740 mil pesos fueron pagados a Bemasa.
Siguiendo la ruta del dinero, los pagos de esas razones sociales que cubrieron los servicios a Bemasa resultaron en un pago por 144 millones 472 mil pesos a NAHE, que a su vez, coincidiendo en secuencia de fechas, terminó realizando pagos que suman 128 millones 398 mil pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho de los García.
Los pagos de NAHE al despacho, mediante facturas, cuyas copias posee Proceso, fueron cuatro: la primera, por 44 millones 607 mil pesos en noviembre de 2022; la segunda, por 32 millones 428 mil pesos en diciembre de 2022; la tercera, por 18 millones 881en febrero de 2023, y, finalmente, otros 32 millones 428 mil en octubre de 2023.
Un análisis de la estructura de NAHE y Bemase hace posible establecer un mapa de relaciones multinacional, con asiento en paraísos fiscales, operadores estadunidenses y mexicanos, de manera parecida a como se ha revelado en casos de empresas fachada evidenciado en los Panama Papers.
Como se expuso al inicio del presente texto, NAHE tiene como accionistas a las firmas Zenuth Capital Partners (99% de acciones), creada en Islas Caimán, teniendo como representante a Mathew LoPresti, originario de Nueva York. El otro accionista de NAHE es Meridian Equity Holdings, cuyo presidente es Todd Shackelfor, a quien se ubica como asesor de bienes raíces y desarrollos, originario de Phoenix, Arizona (1% de acciones).
NAHE tiene por apoderados a los regiomontanos Santiago Dávila Alcalá, Mario Alberto Treviño Garza, a Miguel Ángel Salinas Hernández y al ya mencionado Sergio Dávila González. Además, como administrador único a Mathew LoPresti y como comisario a David Kelly.
NAHE es socia de Sergio Dávila González en Bemase, donde el apoderado de NAHE, Mario Alberto Treviño Garza, funge como comisario mientras que dichas empresas comparten apoderado de apellido Salinas Hernández. En Bemase también es apoderada Marcela Margarita Martínez Vázquez, originaria de Torreón.
De acuerdo con su acta constitutiva, Bemase tiene por giro los servicios de consultoría en el área industrial, administrativa, contable, legal, comercial o financiera.
Mientras que NAHE, de acuerdo a su acta constitutiva, tiene un giro relacionado con la maquinaria pesada, pero agrega la adquisición de acciones en sociedades mercantiles, bienes muebles e inmuebles y contratación de todo tipo de representaciones, comisiones o mandatos en empresas nacionales o extranjeras, relacionadas o no con la industria pesada.
NAHE ya había sido expuesta en mayo de 2022 en un reportaje del reportero Alejandro Melgoza Rocha, publicado en N+ sobre la ilegalidad de los desarrollos inmobiliarios de Tulum, Quintana Roo. Por ser la empresa que posee la mayor cantidad de licencias de desarrollo, como parte de una red de operaciones ilegales relacionadas con evasión fiscal y lavado de dinero, aunque bajo un esquema diferente al que le ha identificado la FGJNL en relación al despacho de Samuel García.
Con información de Proceso.
