Quintana Roo – Ciudadanos de Quintana Roo, unidos con el respaldo del Instituto de Administración Pública del Estado (IAPQROO), han dado un paso decisivo al presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado. Esta propuesta surge como respuesta a los desafíos relacionados con las tarifas de agua potable impuestas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Aguakan en la región.
Detalles de la Iniciativa:
Este esfuerzo colaborativo se enmarca dentro de los trabajos de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Othón P. Blanco. Desde su lanzamiento el pasado 12 de enero, la iniciativa ha obtenido un respaldo abrumador, con 9,937 ciudadanos y 2,018 firmas de apoyo en la plataforma change.org en tan solo 13 días.
Propuestas Clave:
La iniciativa propone enmiendas cruciales a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de la «cuota base», actualmente fijada en $150.90 pesos para uso doméstico y $153.23 para tarifa comercial. En su lugar, se sugiere establecer esta cuota en 0 pesos, eliminando así los cobros sin justificación.
Además, se aboga por la contratación de servicios profesionales independientes para validar la suspensión del suministro de agua potable, asegurando la participación activa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (CPC).
Otras propuestas incluyen la instalación obligatoria de medidores de agua potable y la implementación de consultas a la población para la modificación de las tablas tarifarias. Estas consultas se llevarían a cabo mediante foros, reuniones y debates públicos organizados por el IAPQROO.
Compromiso con la Ciudadanía:
Esta iniciativa ciudadana no solo busca abordar los abusos en los cobros arbitrarios de CAPA y Aguakan, sino que también insta a la XVII Legislatura del Estado, a las autoridades gubernamentales y a los organismos operadores a colaborar para resolver este problema que afecta directamente a los ciudadanos quintanarroenses. Es un paso adelante hacia una gestión más transparente y justa de los servicios públicos esenciales.
