Por: La Redacción.
EUA., a 23 de enero del 2024.- En tiempos pasados, las ejecuciones públicas eran una práctica común en ciertas partes de Estados Unidos, donde la pena de muerte, mayormente mediante inyecciones letales, aún persiste a pesar de ser condenada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La historia de un preso en Luisiana en la década de los 50, que prefería ser ahorcado antes que escuchar el discurso político del gobernador, ilustra tanto la aversión hacia la pena capital como la politización del tema en el país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su alarma ante la próxima ejecución en Estados Unidos de Kenneth Eugene Smith, mediante un nuevo método no probado: la asfixia con gas nitrógeno. Este hecho, que podría considerarse tortura según las leyes internacionales de derechos humanos, llevó a la Acnudh a solicitar la detención de la ejecución y a instar a que se evite la implementación de este método.
El uso propuesto del gas nitrógeno, inédito en ejecuciones humanas en Estados Unidos, suscita preocupaciones éticas y legales. La falta de sedación, a diferencia de las prácticas veterinarias recomendadas, agrega un componente adicional de inhumanidad a este método. La respuesta de Smith, quien prefirió la asfixia gaseosa después de una ejecución fallida por inyección letal, subraya la controversia en torno a los métodos de aplicación de la pena de muerte.
El contexto histórico de la pena de muerte en Estados Unidos, vinculado a la esclavitud y la segregación, se entrelaza con la lucha por la abolición y los movimientos de reforma social. La preocupación de la Acnudh refleja la opinión internacional sobre la incompatibilidad de la pena de muerte con los derechos fundamentales a la vida y a no ser sometido a tratos crueles.
La crítica de organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al uso de métodos no probados y la expansión de la pena de muerte, destaca la necesidad de una moratoria y, en última instancia, la abolición universal de la pena capital. A pesar de las disminuciones en las ejecuciones en las últimas décadas, las preocupaciones sobre su aplicación persisten y generan llamados a la revisión de políticas penales en Estados Unidos.
El caso de Kenneth Eugene Smith también evidencia las tensiones y discrepancias dentro de Estados Unidos en torno a la pena de muerte. La defensa de Smith, argumentando un riesgo especial de dolor y sufrimiento con la ejecución por asfixia gaseosa, resalta la importancia del respeto a los derechos humanos en el sistema legal del país.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Asociación Americana de Medicina Veterinaria y Amnistía Internacional, han condenado la pena de muerte, considerándola contraria a los principios fundamentales del derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles o inhumanos.
En octubre del año pasado, relatores especiales de la ONU reiteraron su llamado a la abolición total de la pena de muerte, subrayando que va en contra de los derechos humanos fundamentales. El debate sobre su abolición se intensifica no solo en el ámbito nacional, sino también en el contexto internacional, donde el uso de métodos no probados agrega nuevas dimensiones a la discusión.
El uso propuesto de la asfixia con gas nitrógeno como método de ejecución, siendo una práctica sin precedentes en Estados Unidos, pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas penales y de ejecución. La Acnudh insta a las autoridades a detener la ejecución de Smith y a abstenerse de implementar métodos que podrían constituir tortura según el derecho internacional.
Este caso, además de generar preocupación por la aplicación de la pena de muerte en sí misma, también destaca la importancia de los métodos utilizados, subrayando la necesidad de que las prácticas legales estén en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
En este contexto, la sociedad estadounidense se encuentra dividida sobre la ética y la efectividad de la pena de muerte. Mientras algunos argumentan que es una medida disuasoria necesaria y justa para ciertos crímenes graves, otros la consideran inhumana, propensa a errores judiciales y contraproducente para el sistema legal.
La reciente controversia en torno a la ejecución de Kenneth Eugene Smith refleja la necesidad de un diálogo más profundo sobre la pena capital en Estados Unidos. La introducción de métodos no probados como la asfixia con gas nitrógeno plantea interrogantes éticos y legales que requieren una cuidadosa consideración.
La postura de organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos, que condenan la pena de muerte en cualquier circunstancia, resalta la importancia de seguir avanzando hacia la abolición universal de esta práctica. La aplicación de métodos innovadores sin una evaluación exhaustiva de sus implicaciones éticas y legales podría comprometer el respeto a los derechos fundamentales.
En un momento en que la sociedad estadounidense reflexiona sobre la justicia penal y la equidad, el debate en torno a la pena de muerte cobra relevancia. La presión de organismos internacionales, junto con la atención pública y el activismo, podría influir en cambios significativos en la política penal y en la consideración de alternativas más alineadas con los principios de derechos humanos.
