Por Guadalupe Lizárraga
El exgobernador César Duarte Jáquez va a cumplir tres años de prisión preventiva en el penal de Aquiles Serdán, Chihuahua. Un caso que aparenta justicia para muchos y que, sin embargo, revela la profunda fractura del Estado de derecho respecto a la prisión preventiva prolongada en México. Por un lado, por las irregularidades del debido proceso y violaciones de derechos humanos en todos los casos y, por otro, por el uso de la prisión como arma para ejercer venganza política en este caso específico, pero no único.
El caso Duarte fue construido por Javier Corral Jurado, desde antes que ambos fueran gobernadores, por una animadversión de hace más de dos décadas. Corral, al sucederlo en el Gobierno de Chihuahua, en 2016, esperó a que terminara el plazo de un año que se otorga a los gobernadores como periodo de gracia para hacerles un juicio político. Con tráfico de influencias y complicidades de sus subalternos en las diversas instancias gubernamentales, se abrieron 21 carpetas de investigación en contra de Duarte y se promovieron campañas mediáticas alegando corrupción y supuestas amenazas en contra de la periodista asesinada Miroslava Breach.
Sin embargo, no hubo denuncia formal sobre esas supuestas amenazas. Pero Corral, desde el mismo día en que mataron a Miroslava aprovechó el homicidio para manipular pruebas y testimonios sobre el crimen “de su amiga” y proteger a sus allegados como Alfredo Piñera Guevara y José Rodríguez Luévano. El panista incluso usó el dolor de la familia Breach para promover calumnias contra Duarte y contra el expresidente de Chínipas, Hugo Amed Schultz, uno de los culpables fabricados en el caso.
La familia de Miroslava Breach refirió el nombre de César Duarte una docena de veces en sus declaraciones ministeriales con menciones de “oídas”, suposiciones y rumores de terceras personas, sin un solo sustento. Mientras Corral repetía las calumnias a la prensa, manipulaba pruebas forenses y se presentaba también como víctima de amenazas. Duarte y Schultz fueron juzgados en los medios el mismo día en que mataron a la periodista.
La detención de Duarte
Una vez pasado el plazo de César Duarte al término de su gestión como gobernador, cruzó a Estados Unidos para reunirse con sus hijos, originarios de ese país, y porque se iba a someter a una intervención quirúrgica. Pidió el permiso 1-94 para alejarse más de 25 millas de la frontera mexicana, y durante el tiempo que estuvo con su familia, inició el trámite de migración con el propósito de residir legalmente en los Estados Unidos. No fue detenido ni cuestionado por las autoridades estadounidenses durante ese tiempo. Pero Corral emprendió campañas en los medios mexicanos de que Duarte estaba prófugo de la justicia.
Con el arresto de Duarte en Florida, el Departamento de Estado inició la investigación y fue desechando cada una de las carpetas. A pregunta expresa de esta periodista, si había sido notificado en México como imputado, Duarte respondió: “No. Y siempre estuve a disposición del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia. Siempre me reporté con ellos, tenía permiso, tenía licencia de conducir y las autoridades migratorias sabían mi dirección en el estado de Florida”.
Entre 2019 y 2020, con la fabricación de una nueva carpeta de investigación que pasó por un juez de Nuevo México, Corral logró la extradición de Duarte y pudo mantenerlo preso en Chihuahua, en donde se le han negado amparos, se le ha negado el cambio de la medida cautelar, e incluso se le han vulnerados sus derechos humanos por la condición de salud en la que se encuentra; esto, adicionalmente a la prisión preventiva prolongada, una violación a sus derechos humanos y al artículo 20 de la Constitución mexicana, donde se especifican los derechos de un imputado.
Procesos masivos
Las carpetas de investigación fabricadas por el gobierno de Javier Corral a Duarte debieron haberse atendido en el plazo que se les da a los gobernadores al cierre de su gestión para hacerles un juicio político. La institución facultada para hacerlo es el Congreso del estado. No obstante, subalternos de Corral en diferentes instancias de gobierno promovieron ante la Fiscalía General del Estado las denuncias penales en contra de Duarte, de manera masiva, sin tener facultad y faltando al procedimiento legal. Primero deberían de haber sido denuncias administrativas ante el Congreso del estado, y si había sustento, se tenían que hacer las denuncias penales. Pero la única instancia con personalidad jurídica para hacerlo vía fiscalía es el Congreso. No obstante, todo fue alterado y se solicitaron favores políticos para fabricar los delitos, utilizando los recursos públicos de Chihuahua, con injerencias del entonces titular del Ejecutivo en el Poder Judicial del Estado.
Cualquier juez apegado a derecho habría puesto orden, sin darle valor jurídico a lo promovido por los subalternos de Corral, y habría aceptado cambiar la medida cautelar por la salud del imputado, lo que es un derecho humano y constitucional. Por la intervención quirúrgica a la que se sometió Duarte, requiere terapias físicas, y recientemente sufrió un infarto por lo que tuvo que ser trasladado al hospital; sin embargo, una vez estable lo regresaron a la celda. Pero mientras la defensa hace su parte, Duarte permanece en la prisión preventiva, mientras se le investiga y recaban pruebas.
En un Estado de derecho no tendría cabida su caso tal como lo llevó Corral. El artículo 20 constitucional estipula que el juicio para una sentencia no debe tardar más de dos años, de lo contrario el imputado debe quedar en libertad. Incluso en el apartado A, inciso X, especifica que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.
El de Duarte no es el primer caso de linchamiento mediático y del uso de la prisión como venganza política. El fiscal Alejandro Gertz Manero lo hizo con su cuñada Alejandra Cuevas, a quien acusó falsamente de la muerte de su hermano, la llevó a prisión e intervino con campañas en los medios y tráfico de influencias en la Suprema Corte de Justicia para bloquearle amparos, mientras disputaba la herencia. También lo hizo Andrés Manuel López Obrador con Rosario Robles, a quien no se le vinculó a proceso por la Estafa maestra, sino por el uso indebido del servicio público y estuvo tres años en prisión.
Pero hay más de cien mil personas en prisión preventiva prolongada, (cifras del INEGI detallaban 112 mil en 2019 y 90 mil en 2021). Los casos más dramáticos se encuentran en Puebla, personas con una prisión sin sentencia hasta por más de dos décadas, y en los centros federales en Guanajuato, Morelos, Chiapas y Estado de México, con casos de linchamiento mediático y tortura, donde los internos llevan hasta 17 años secuestrados por el Estado mexicano, víctimas de venganzas políticas y de la simulación de justicia.
