El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anunció ayer miércoles (29.11.2023) que la libertad del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión en 2009, ahora queda en manos de un juez. El tribunal decidió devolver al sistema judicial la responsabilidad de determinar si procede restituir el indulto revocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La hija mayor de Fujimori, la excongresista conservadora Keiko Fujimori, expresó su esperanza de que su padre pueda estar con ellas antes del sábado, en respuesta al fallo del tribunal. Sin embargo, no respondió a preguntas de los medios durante su declaración a la prensa.
La resolución del tribunal remitió al juez de ejecución del habeas corpus la potestad de decidir sobre la liberación de Fujimori, según lo solicitado en un habeas corpus presentado en marzo de 2022. Además, el mismo tribunal se declaró «improcedente» para revisar la revocación del indulto ordenada por la Corte IDH en 2019.
Keiko Fujimori destacó la sentencia firme del tribunal, describiéndola como el fin de un bloqueo inhumano para lograr la libertad de su padre. Sin embargo, la decisión ha generado interpretaciones diversas y ha avivado la polarización en torno a la figura del expresidente (1990-2000).
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, recordó la orden de la Corte IDH que insta a Perú a no ejecutar el indulto, enfatizando la necesidad de evaluarla en su momento. Mientras tanto, el exprocurador anticorrupción César Azabache desmintió interpretaciones erróneas y aclaró que no hay una orden de liberación.
La familia de Fujimori argumenta que el expresidente, de 85 años y origen japonés, sufre de diversas afecciones de salud, incluyendo cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión.
La historia del indulto ha sido compleja, concedido inicialmente en la Navidad de 2017 por razones humanitarias, anulado en 2019 por la Corte Suprema, luego restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando su liberación era inminente, la Corte IDH solicitó a Perú que se abstuviera de liberarlo hasta revisar un recurso presentado por familiares de las víctimas de su gobierno.
Fujimori actualmente cumple su condena por «crímenes contra la humanidad» en el penal Barbadillo, destinado a expresidentes, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 a cargo de un escuadrón de aniquilamiento del ejército.
