La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, convoca a la segunda marcha nacional por los derechos de las personas privadas de libertad en los centros estatales y federales de readaptación social para el 8 de diciembre, a las 10 horas, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.
Se trata de una marcha también por los falsos culpables que siguen en prisión, pese a que en miles de casos han demostrado su inocencia, además de protocolos de Estambul positivos en tortura y peticiones de ayuda ignoradas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pérez Espinoza, quien fue preso político durante cuatro años en un penal del Estado de México, ha liderado un movimiento por los derechos humanos de presos que han sufrido torturas e irregularidades en sus procesos judiciales, y ha promovido la primera Ley de Amnistía para delitos de alto impacto en la entidad.
A la marcha también fue convocado el Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, que han integrado los activistas Alejandro López Ponce de León, Carlos Torres y Armando Clement González, quienes participan en el programa de Los Ángeles Press, conducido por la periodista Guadalupe Lizárraga, sobre el sistema penitenciario mexicano, todos los martes a las 20 horas, en donde presentan denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad.
De acuerdo con los activistas, el propósito de la marcha comentaron es visibilizar la injusticia que viven los presos sin sentencia hasta por más de 25 años, como es en e caso de Jens Herrera Guzmán, preso en Puebla, y quien fue trasladado lejos de su familia por hacer listas de los presos a los que han negado un beneficio de ley, o han sido torturados o están sin sentencia por más de dos años en violación a sus derechos constitucionales.
La tortura como medida disciplinaria en los penales, es una de las principales denuncias de los activistas, además la falta de atención médica, la reducción de porciones de comida, la falta de agua potable, la prohibición de visitas familiares, las muertes declaradas como suicidios, las irregularidades de los procesos judiciales, las extorsiones dentro y fuera de los penales, el tráfico de drogas y la compra de privilegios, así como el uso de gas lacrimógeno como método de intimidación para que no denuncien violaciones de derechos humanos.
