CIUDAD DE MÉXICO (AP) —El Instituto Nacional Electoral de México votó el viernes para otorgar al partido gobernante Morena y sus aliados aproximadamente el 73% de los escaños en la Cámara de Diputados, a pesar de que la coalición obtuvo menos del 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio.
Esta decisión, que podría ser impugnada en los tribunales, le permitiría a la coalición gobernante alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar reformas constitucionales en México. Si la resolución se mantiene, Morena y sus aliados contarían con alrededor de 364 de los 500 escaños en la Cámara de Diputados.
Críticos han señalado que esto otorgaría a Morena un poder desproporcionado en el Congreso en comparación con los resultados obtenidos en las urnas.
La controversia gira en torno a una ley que asigna algunos escaños en el Congreso en función de la representación proporcional. Esta ley fue diseñada para asegurar que los partidos más pequeños obtuvieran representación en el Congreso en función de su porcentaje de votos a nivel nacional, incluso si no ganaban en distritos individuales. Sin embargo, la ley también establece que los escaños proporcionales no pueden ser utilizados para otorgar una mayoría a ningún partido.
Parece que Morena ha eludido esta restricción al «prestar» algunos de sus candidatos ganadores en distritos electorales a dos partidos aliados más pequeños. Estos partidos no están sujetos a la regla de no mayoría, pero votan de manera unánime con Morena.
El consejo del instituto electoral decidió que las reglas de representación proporcional se aplican solo a los partidos de manera individual, sin considerar el efecto que esto podría tener en una coalición mayoritaria.
Aunque Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría de dos tercios en el Senado, que también es necesario para las reformas constitucionales, la coalición está solo a dos o tres escaños de conseguir los votos necesarios, lo cual podrían lograr con el apoyo de un partido más pequeño.
El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, la miembro de Morena Claudia Sheinbaum, han prometido utilizar la mayoría de dos tercios para impulsar 20 reformas constitucionales, incluida la elección de todos los jueces.
Críticos argumentan que la elección de jueces por parte del Ejecutivo socavaría la independencia del Poder Judicial, otorgando un mayor control al partido gobernante.
Esta propuesta ha generado críticas por parte de inversores e instituciones financieras, así como del embajador de Estados Unidos en México en los últimos días.
El martes, Morgan Stanley redujo su recomendación de inversión en México, argumentando que las reformas «aumentarían el riesgo». En un informe, Citibanamex advirtió que la aprobación de la propuesta podría derivar en la «cancelación de la democracia liberal».
El jueves, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, señaló que las reformas propuestas representan un riesgo para la democracia en México y amenazan «la histórica relación comercial» entre ambos países.
Además, los tribunales federales han estado mayormente cerrados debido a una huelga de empleados judiciales que comenzó el lunes en protesta por la propuesta de reforma judicial de López Obrador. Jueces y magistrados se unieron a la huelga el miércoles.
Entre otras reformas constitucionales, Morena está impulsando un cambio que eliminaría todos los organismos de supervisión y regulación independientes de México. El partido argumenta que estos organismos son un desperdicio de recursos y que las responsabilidades de supervisión deberían ser asumidas por los departamentos gubernamentales, permitiéndoles esencialmente auto regularse.
López Obrador ha intentado avanzar en sus proyectos de infraestructura —principalmente ferrocarriles y refinerías de petróleo— sin supervisión, regulación o evaluaciones de impacto ambiental, pero ha enfrentado numerosos desafíos legales. Cambiar la Constitución eliminaría estos obstáculos.
López Obrador dejará el cargo el 30 de septiembre, pero Sheinbaum, quien ganó las elecciones del 2 de junio para convertirse en la primera presidenta mujer de México, ha prometido continuar con todas sus políticas.
