Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 19 de diciembre del 2024.- Luego de que el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno negara la existencia del desplazamiento forzado de familias por parte de grupos criminales que operan en la región de Guadalupe y Calvo, argumentando que solo eran rumores limitandose a reconocer que se han suscitado algunos enfrentamientos.
Ante esto, la Consultoría Técnica Especializada (Contec) recriminó al fiscal y a otros funcionarios estatales su postura de “negar” la realidad que viven familias en la Sierra de Chihuahua, es un tema que nos preocupa que las autoridades niegue la existencia de este delito en el territorio estatal.
“Negar la realidad de las personas desplazadas por la violencia no beneficia a nadie, por el contrario revictimiza a las familias que sufren sus consecuencias y es una clara evasión a su responsabilidad por parte de las y los representantes del Estado en todos sus niveles”, expresaron las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Destacaron que cientos de familias han huido de sus comunidades por la violencia y la omisión del Estado Autoridades violan derechos humanos de personas desplazadas y las revictimizan al negar la existencia de este delito en Chihuahua.
Al abandonar sus hogares, las víctimas de este delito sufren la violación a sus derechos humanos, la falta de atención y de justicia por las fallas estructurales del aparato gubernamental y además, son revictimizadas al ser ignoradas deliberadamente por las y los gobernantes.
Contec expresó que cuando representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno acuden a las zonas golpeadas por la violencia, pero aun así, el desplazamiento se sigue negando de manera oficial y ante la opinión pública.
Lo anterior, puesto que organizaciones civiles hemos estado presentes cuando representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, niegan la existencia de este delito, puesto que “no hay denuncias penales” y “no hay amenazas directas” hacia las familias desplazadas, como si se tratara de movilidad voluntaria de la población.
En cambio, reconocen que muchas familias huyen de sus tierras por la falta de empleo o de alimentos, carencias que son originadas precisamente por el clima de violencia generalizada en la región de la Sierra Tarahumara y que en muchas ocasiones ha cobrado víctimas inocentes.
A esto se suma una sensación de terror que la impunidad ha generado, por lo que una vez más el tema de la seguridad es fundamental, pues pareciera que las insuficientes acciones de los gobiernos encaminadas a garantizar la paz, favorecen un ambiente de enfrentamiento entre criminales y no así a la integridad y seguridad de las y los ciudadanos.
Representantes del Gobierno del Estado aseguraron que ya se trabaja en un Protocolo de atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno y que sería motivo de consulta con las organizaciones civiles. Sin embargo, las organizaciones no hemos tenido noticias de este documento, comentaron.
Hemos insistido en que las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de derecho y que deben ser atendidas de manera focalizada y diferenciada. Incluso, algunas personas afectadas han tenido sentencias a su favor, de tribunales que ordenan a los tres niveles de gobierno que las protejan e indemnicen, sin que esto se haya cumplido al momento.
El desplazamiento forzado interno, es una de las consecuencias de los conflictos armados entre grupos criminales en el país. Este delito lastima y viola los derechos humanos de cientos de familias en el estado y su falta de reconocimiento por las y los gobernantes es una grave omisión a sus responsabilidades como garantes de la seguridad de la ciudadanía.
