El presidente toma una serie de medidas para intentar recuperar popularidad y credibilidad en plena crisis política.
Pedro Castillo adelanta cuál será su próxima medida populista para atornillarse en el poder en plena crisis política y socioeconómica en Perú: la castración química de los violadores de menores. «Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad», se quejó el primer mandatario tras conocerse la aberración cometida por un hombre, al que llaman el monstruo del Chiclayo, contra una niña de tres años.
El caso ha conmocionado al país desde el primer momento, cuando la madre de la chiquilla comunicó la desaparición de su hija a través de un audio de WhatsApp, que se hizo viral. La fotografía de la niña se multiplicó por cientos de miles.
La pequeña fue encontrada 15 horas después de su desaparición, atada de pies y manos. Juan Antonio Enríquez, de 48 años, la había secuestrado para agredirla sexualmente, en un país donde según los datos del Ministerio de la Mujer 21.000 menores de 14 años han sufrido abusos sexuales en sólo cuatro años.
«Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión, la castración química es una opción, no podemos esperar más», disparó el presidente, que vive inmerso en una crisis política interminable y acosado por las protestas sociales tras la subida del precio de los combustibles y de los alimentos.
No se trata de la única medida de un Gobierno que intenta recuperar popularidad y credibilidad. El presidente ha prometido que bajará el sueldo a ministros, diputados y a sí mismo, incluso que indultará las multas. Para apoyar su última iniciativa, la Presidencia ha hecho público un comunicado en el que recuerda que medidas semejantes ya funcionan en Rusia, Polonia, Indonesia, Moldavia, Corea del Sur y en siete estados de EEUU.
Perú ya condena a cadena perpetua a quienes cometen estas aberraciones. Para que la castración química sea incluida en el Código Penal, el Gobierno también necesitaría la aprobación del Parlamento.
El debate se ha abierto en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo a punto de caer, según reconoció el presidente a un representante de la Iglesia Católica. Entre quienes se muestran en contra de la medida no sólo figuran algunos aliados clásicos del maestro de Cajamarca, también la Defensoría del Pueblo.
«La castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?», se cuestionó Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría.
«Entendemos la indignación, pero ni la castración química ni la pena de muerte son soluciones. Los sectores que proponen la castración son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres», criticó Nuevo Perú, formación de izquierda moderada que ha acompañado a Castillo en su deriva desde que asumiera el poder el año pasado.
El abanderado de Perú Libre se impuso en las elecciones con un discurso izquierdista en lo político y reaccionario en lo moral, que ha ido cambiando de fracaso en fracaso. Actualmente, sobrevive sentado en el sillón de Pizarro gracias a apoyos que van desde la extrema izquierda hasta la derecha y el centro.
