Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 1 de julio del 2024.- La presidenta Rosario Piedra Ibarra, destacó la importancia de prevenir la violencia en prisiones atendiendo factores de riesgo y a través del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad*
Al dar a conocer a la opinión pública los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2023, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, llamó a las autoridades penitenciarias federales, estatales y militares de nuestro país a atender los factores de riesgo que pueden desencadenar hechos de violencia como el autogobierno, la sobrepoblación y el hacinamiento, garantizando el respeto a los derechos humanos y una estancia digna a las personas privadas de la libertad.
Durante el acto, celebrado este 27 de junio en el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) “Rosario Ibarra de Piedra”, la presidenta urgió a las entidades que aún no cuentan con centros penitenciarios exclusivamente femeniles a que impulsen programas gubernamentales que permitan que las mujeres vivan en condiciones de habitabilidad dignas y de servicios dotados de perspectiva de género e interseccional, ya que la falta u omisión es contraria a lo establecido en el artículo 18 constitucional y profundiza la discriminación.
Acompañada por Hilda Téllez Lino, encargada de despacho de la Dirección General de la Tercera Visitaduría General de la CNDH y en presencia de Antonio Hazael Ruiz Ortega, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS); así como de personas titulares de los sistemas penitenciarios de diversas entidades federativas; de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y representantes de organismos civiles nacionales e internacionales, la presidenta explicó que para esta edición del Diagnóstico se visitaron 281 establecimientos en funcionamiento.
Se dio seguimiento a centros que en el Diagnóstico pasado habían obtenido evaluaciones con clara tendencia a la baja y reprobatorias, a fin de generar estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas. Se identificaron situaciones que siguen impactando en la gobernabilidad de las cárceles, tales como la falta de personal de seguridad y custodia, autogobierno o cogobierno y deficiencias en la supervisión de los centros por parte de las personas titulares.
La presidenta detalló que estas deficiencias contribuyen al aumento de incidentes violentos al interior de los centros penitenciarios. La sobrepoblación sigue siendo una constante en diversas prisiones, lo que, aunado a la deficiencia de habitabilidad y estancias dignas, así como a una infraestructura insuficiente para alimentación y servicios básicos, son factores que pueden desencadenar incidentes violentos, incluso masivos.
Por ello, destacó que más allá de los resultados cuantitativos, el documento debe ser abordado desde una visión cualitativa que permita actuar oportuna y eficazmente, sobre todo en aquellos sistemas penitenciarios que aún no logran superar las deficiencias que año tras año se detectan, repiten o se agravan y, peor aún, colocan a algunas prisiones en una tendencia de retroceso que impacta directamente en las condiciones de vida de la población penitenciaria.
Por su parte, Hilda Téllez Lino informó que durante el año 2023 se visitaron 290 centros penitenciarios (nueve de ellos fueron cerrados), incluyendo 14 federales, 273 estatales (142 varoniles, 24 femeniles, 98 mixtas y 9 cerrados), 3 militares y un módulo de prisión preventiva en el estado de Veracruz. La población penitenciaria visitada ascendió a 233 mil 394 personas, de las cuales 220 mil 132 fueron hombres y el resto mujeres, a la par que más de 73 mil pertenecen a algún grupo de atención prioritaria.
En el sistema penitenciario federal, la calificación más baja fue de 8.05 y la más alta de 8.91, manteniendo una tendencia al alza con un promedio global de 8.34. Se detectaron buenas prácticas, como el fortalecimiento de la atención a la salud, el incremento de actividades de autoempleo y los servicios educativos y de alfabetización. Sin embargo, también se identificaron deficiencias en la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en la atención a personas mayores y en los mecanismos para atender quejas por probables violaciones a los derechos humanos.
En lo relacionado con los sistemas penitenciarios estatales, la calificación más baja fue de 4.27 y la más alta de 8.61. Se observaron problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad, separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como en la prevención de adicciones, sobrepoblación y hacinamiento.
En las tres prisiones militares existentes, las calificaciones oscilaron entre 8.22 y 9.28, alertando factores como insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación en dos de ellas.
El DNSP 2023 registró mil 347 incidentes violentos: 809 en prisiones estatales, 537 en federales y uno en una prisión militar. Entre estos incidentes se contabilizaron riñas, suicidios, homicidios, fugas, abusos, motines y presuntos actos de tortura. La CNDH aboga por una visión y análisis multidisciplinario de los resultados presentados para desalentar y prevenir estos incidentes violentos dentro de las prisiones, subrayando la importancia del respeto y el ejercicio progresivo de los derechos humanos para construir una verdadera Cultura de Paz en el país.
