Dos presos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, se cortaron las venas y de cocieron los labios en protesta por las violaciones graves de derechos humanos que han sufrido por parte de las autoridades penitenciarias.
Familiares de las víctimas dieron a conocer a Los Ángeles Press que las autoridades del penal les han negado alimentos y agua, así como atención médica. Sin embargo, no es la primera denuncia que recibe este medio por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en ese centro.
Los presos que se causaron heridas corporales fueron Cristian Noé y Raúl Fragoso, quienes decidieron protestar por las condiciones de abandono en las que se encuentran en el dormitorio especial de castigo al que fueron trasladados por órdenes de la directora del centro de reclusión, María del Rayo Mendoza Farfán.
De acuerdo con los reos del Cereso de San Miguel, los ha mantenido en una celda de castigo injustificadamente, y les ha negado satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, el agua y la atención médica.
Señalaron sus familiares que pese a que no existía ninguna razón por la cual los presos fueron trasladados a ese dormitorio de castigo, han permanecido allí por tiempo indefenido.
Agregaron que las autoridades penitenciarias han cometido reiterados abusos contra los internos, con los que han violado los derechos humanos de forma sistemática, sin la intervención de alguna institución estatal o federal que revise las condiciones de reclusión en las que se encuentran.
Acusaron que han sido reiteradas las ocasiones en las que han sido violados sus derechos humanos sin la intervención de las instancias de derechos humanos locales o federales, por lo que incluso han solicitado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Piden que se revise la situación en las que se encuentran los presos de Puebla.
La CIDH ha referido que en los penales estatales y federales se cometen diferentes violaciones de derechos humanos de forma permanente contra las personas que presuntamente cometieron algún ilícito, con lo cual representa una violación a los acuerdos que el Estado mexicano se comprometió a atender.
Por Ignacio García
