En la Ciudad de México, la comisión encargada de investigar la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa en 2014 confirmó el miércoles que el crimen organizado tenía el control sobre las fuerzas de seguridad mexicanas y tenía conexiones con miembros de las Fuerzas Armadas. Este control fue un factor crucial en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en México.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones de la investigación gubernamental en un informe, el segundo desde su creación en 2018 bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto es al cumplir nueve años desde la desaparición de los estudiantes, y hasta el momento, sólo se han recuperado los restos de tres de ellos.
La resolución del caso ha enfrentado una crisis desde hace un año, después de la renuncia del fiscal especial a cargo y la partida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales que llevaba a cabo una investigación paralela de manera independiente.
También ha habido cuestionamientos recientes al gobierno mexicano por parte de los familiares de los estudiantes, quienes exigen la entrega de archivos cruciales en manos del Ejército. El martes, en el noveno aniversario de la desaparición, realizaron una masiva marcha de protesta en la capital mexicana.
Incluso, en Nueva York, frente al Consulado mexicano, Antonio Tizapa, padre de uno de los 43, fue acompañado por colectivos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos para hacer sumarse al reclamo de justicia y transparencia en la información que involucra al ejército.
Según el informe de la Comisión de la Verdad presentado un día después, el grupo criminal Guerreros Unidos recibió a los estudiantes detenidos de manos de la policía local y luego los dividieron en tres grupos para desaparecerlos y ejecutarlos.
Alejandro Encinas, quien también es subsecretario de Gobernación, señaló que las pruebas recopiladas indican que Guerreros Unidos «tenía una importante influencia sobre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico en la región», lo que facilitó que los policías locales entregaran a los estudiantes de Ayotzinapa.
Además, mencionó testimonios que involucran a las fuerzas armadas como cómplices bajo la influencia del grupo criminal. De las 51 órdenes de detención pendientes de ejecución, se informó que seis de ellas se refieren a militares, aunque no se proporcionaron detalles.
En el último año, se ha arrestado al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta cargos por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, así como a 19 policías estatales y municipales.
Además de estos acontecimientos, el presidente de la Comisión de la Verdad criticó las «decisiones contradictorias» y los obstáculos que han surgido en el Poder Judicial en relación con la liberación de algunos de los presuntos implicados. También mencionó otras medidas judiciales, como la reciente concesión de un amparo a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que prohíbe mencionarlo e identificarlo como uno de los presuntos torturadores de los detenidos.